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Comienza el espectáculo
CT / Toledo - 11/05/2012

 

El Ayuntamiento aprueba el primer PAU en Vega Baja contra toda razón


Será el próximo jueves en el pleno municipal, cuando PSOE y PP ratificarán la aprobación de un PAU en Vega Baja aún a sabiendas de que es ilegal e inmoral, volviendo a los orígenes de un problema que ha marcado un hito, tanto en el devenir histórico de la ciudad de Toledo, como en la situación económica española tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

Mientras Izquierda Unida dice mantenerse al margen y en distintas ocasiones Aurelio San Emeterio se ha declarado contrario a que la financiación municipal dependa del ladrillo, lo cierto es que en la legislatura pasada apoyaron en coalición con el PSOE todo lo contrario, gestionando la EMV y permitiendo con su "no ejecución" de tres sentencias, tanto la urbanización de Vega Baja, como los derroches urbanísticos de Toletum Visigodo, en cuyo consejo de administración figuraba el concejal de IU, consciente de la dudosa legalidad de dicha empresa público-privada y de que en su mano estaba impedir a futuro lo que ahora 23 concejales piensan consumar.

En plena Vega Baja "salvada", quieren construir 87 viviendas, un nuevo vial y 196 plazas de aparcamiento, 12.450 metros cuadrados para uso residencial y 1.245 para uso terciario, sin contar con El Corte Inglés sobre zona arqueológica conocida y con sondeos recientes y positivos.

Muy lejos de cerrar la Avenida de Carlos III, el gobierno de García-Page quiere completar las salidas de emergencia de un Corte Inglés que piensa colocar en medio de uno de los más importantes yacimientos arqueológicos del mundo.

Lo que para el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, es "dar cierre a un barrio inacabado", para UNESCO, ICOMOS y algún experto de la universidad de Harvard, es completar el expolio realizado con el barrio de Santa Teresa, donde quedaron sepultados un teatro romano, al menos una basílica y diversos edificios, así como mosaicos de gran calidad comparables a otros que se exhiben en diversos parques arqueológicos de la región.

Tras diversos trapicheos dentro de la empresa de construcción socialista, cambios de nombre y cesiones para fines culturales convertidas en terciarios o urbanizables, el equipo del gobierno del Secretario General del PSOE de Castilla-La Mancha,  pretende llevar a cabo la vieja idea ordenada y planificada por orden de José Bono desde una consejería, la de Obras Públicas, que se construyó expoliando patrimonio de altísimo valor y sin ningún control arqueológico previo, según parece también "a sabiendas".

Una antigua deuda del Ayuntamiento con Caja Madrid, hoy Bankia, planeaba desde la llegada de Emiliano García-Page al Ayuntamiento a este lado de la Avenida de América, de la misma forma que al otro lado de la calle era CCM quien tuvo licencia para hacer desaparecer las infraestructuras del más importante circo romano para construir una urbanización de lujo de cuyos propietarios el Banco de España prefirió no investigar tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha y que hoy no sabemos en que ha quedado, pues en el POM anulado aparece como suelo urbanizable, de la misma forma que el PAU que nos ocupa.

El viejo proyecto urbanístico de Vega Baja intacto, por mucho que José María Barreda se viera en la imperiosa necesidad de declarar públicamente que se paraba en su totalidad ante la llamada al orden desde Moncloa. Recordemos que el anterior presidente regional estaba bajo las órdenes, al menos en Toledo, del secretario provincial del partido, por si nadie se acuerda de apellido García-Page.

Para los que afirmaban en los últimos seis años que Vega Baja estaba salvada, cuestión que desde la 'Plataforma X Toledo' se ponía en duda cuando aseguraban que "hasta que se anule todo el POM Vega Baja estará en peligro", aquí están los hechos. El Plan de Ordenación Municipal sigue contemplando la urbanización de todo el yacimiento, a pesar de estar anulado por siete sentencias y nulo de facto, pues no se ha sometido aún para su consideración a UNESCO, como mandaba la legalidad y el compromiso firmado en 1986 por el Estado español.

La ilegalidad continúa y todas las partes (administraciones garantes) siguen en el ajo, con su explícitas e implícitas responsabilidades, por acción u omisión, a lo que CANAL TOLEDO seguirá informando puntualmente y dando oportunidad de que todos los implicados expliquen su postura y posición ante una situación que ha rebasado los límites del estado de derecho y sus garantías democráticas.

 

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Referencias:

 

La autoridad garante sigue callada
Cinco años esperando el trámite legal
Cesión de Vega Baja II




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