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Los derechos humanos no pueden subordinarse a los ajustes y las reformas
CT / Toledo - 18/04/2012

Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha ha enviado una carta al Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, con motivo de la reforma sanitaria que se presentará en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que tiene lugar hoy miércoles 18 de abril.

En su misiva, la organización defensora de los derechos humanos recuerda que "en los últimos meses, organizaciones profesionales han alertado de que la crisis económica y los recortes presupuestarios están afectando de manera preocupante en Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha". Además, señala que "algunos sindicatos médicos han alertado de que los recortes de personal en algunos hospitales de Castilla-La Mancha y Andalucía y centros de atención primaria en Valencia podrían estar mermando la calidad de los servicios prestados".

De ahí que Amnistía Internacional muestre "su preocupación por estas informaciones y recuerda que le corresponde al Estado demostrar que las reducciones de gasto público sanitario no están afectando a la calidad de las prestaciones e incluso el propio acceso a la atención sanitaria".

La carta insta a Echániz a que "en el marco de la próxima reforma sanitaria no apruebe ninguna decisión hasta que se asegure que no se vulneran obligaciones internacionales de derechos humanos", para lo que le sugiere la adopción de una serie de medidas.

En primer lugar, "la actualización y publicación de datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos (número de camas hospitalarias, de profesionales de la salud por hospital, entre otros) que permitan conocer la situación actual de la sanidad y evaluar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud por parte de las autoridades". En este sentido, Amnistía Internacional "lamenta que los últimos datos oficiales publicados del Ministerio de Sanidad datan de diciembre de 2010".

La siguiente medida sugerida sería "demostrar que las medidas se han aplicado tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas en relación con la plena utilización de los recursos máximos disponibles", puesto que el relator especial de Naciones Unidas estableció "la necesidad de mantener como mínimo el nivel actual de disfrute del derecho a la salud que exista en un Estado" miembro.

Asimismo, "asegurar que ninguna medida comprometa los elementos esenciales de este derecho, como son la calidad, la disponibilidad de los servicios de salud para todas las personas sin discriminación y la accesibilidad a los mismos, tanto física como económica".

Una cuarta medida consistiría en "elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción presupuestaria podrían tener sobre el derecho al más alto nivel de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social, y las consecuencias diferenciadas que podrían producirse en función del género y la edad".

La quinta y última sugerencia implicaría "establecer mecanismos para garantizar la información y consulta efectiva de todos los sectores de la sociedad con el fin de garantizar la participación en cualquier reforma de las políticas de salud".

Asimismo, ante las declaraciones vertidas por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en las que abogaba por la "redefinición de la cartera de los servicios básicos para hacerla más racional y adecuada", Amnistía Internacional "desea recordar que el criterio de racionalidad en la definición de las prestaciones de salud debe atenerse al cumplimiento de las obligaciones internacionales relativas a los derechos humanos".

A este respecto, la organización internacional recuerda que "España adquirió una serie de obligaciones jurídicamente vinculantes con respecto al derecho al más alto nivel posible de salud, a través de la ratificación en 1977 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales".

Amnistía Internacional recuerda a Echániz, como ya lo hizo en una carta dirigida al presidente del Gobierno,  Mariano Rajoy, que "las crisis económicas y financieras mundiales no disminuyen la responsabilidad de las autoridades estatales en la realización de los derechos humanos", tal y como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas "ya advirtió en una resolución de 2009". Este Consejo también subrayó que "el ejercicio de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede subordinarse a la aplicación de las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas emprendidas a causa de la deuda".

Finalmente, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha reitera "el imperativo de situar los derechos humanos en el centro de cualquier medida legislativa o de otra índole que comporte la reducción del gasto público en salud", y señala con el relator especial de Naciones Unidas que "sólo mediante el establecimiento de sistemas de salud y su fortalecimiento se podrá lograr la prosperidad económica, la mejora de la salud de las personas y poblaciones y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud".

 



Ana Mato y José Ignacio Echániz, en la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia




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