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Reunión clandestina en Toledo del Consejo Interterritorial de Dependencia
CT / Toledo - 22/05/2012

El Consejo Interterritorial de Dependencia, foro en el que participan responsables sectoriales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los directores generales de las comunidades autónomas, se reunió de forma clandestina en Toledo el pasado jueves 17 de mayo, informa la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha.

En una nota de prensa, la Plataforma califica de "ocultismo" y "falta de transparencia" el hecho de que la reunión se celebrase en el Hotel Alfonso VI, además de criticar la ausencia de la "austeridad que proclama a los cuatro vientos la presidenta regional, Dolores Cospedal, puesto que el gasto que conlleva realizarla en dicha ubicación sería muy inferior" de haberse efectuado en cualquiera de las dependencias de la Junta de Comunidades, organizadora del encuentro.

Pese a todo, algunos miembros de la Plataforma pudieron concentrarse a las puertas del hotel, ante la sorpresa del director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes de Castilla-La Mancha, Juan José García Ferrer, quien explicó a sus interlocutores que "sólo gana 60.000 euros al año y que en el mundo privado ganaría más", según recoge textualmente la nota de la Plataforma, que también precisa que "en el muy tenso ambiente que allí se creó, se pudo observar cómo algunos delegados se reían de lo que estaba sucediendo, al igual que hacen constantemente después de tomar medidas contra los ciudadanos y sus derechos, saliendo en una foto inmoral".

Para la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha, la finalidad de esta reunión "no era otra que desmantelar ilegalmente la Ley de Dependencia." Así, detalla que "hubo, entre otras, propuestas llegadas desde Murcia y Galicia, donde pretenden que las personas valoradas con menos de 65 puntos queden fuera del sistema", medida que califican de "indecente" al suponer que "dos tercios de las personas afectadas quedarían a merced de la beneficencia", creando "una brecha irreparable, tanto para el sector profesional como para los propios afectados".

La Plataforma considera que "la desaparición de centros médicos, hospitales y servicios de urgencias" tendrá especiales repercusiones en Castilla-La Mancha, "una región cuya demografía es muy dispersa, poniendo en serio peligro la vida de todos aquellos que no tengan las infraestructuras indispensables donde acudir".

La indignación de la Plataforma es patente al final de la nota, cuando refleja que "con estas aberraciones no sólo están favoreciendo la destrucción de empleo y atentando contra la salud de la ciudadanía", sino generando un sistema sanitario tildado de "holocausto ciudadano", lo que convertiría a los cargos públicos responsables en "asesinos de ciudadanos".

 






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